EL lunes pasado, 12 de abril, supimos por los medios de comunicación que diferentes Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados, representando a más de 2500 jueces españoles, habían remitido un escrito a la Vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un riesgo de violación grave del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que, a su juicio, afectan a la independencia judicial. Se referían a las últimas disposiciones adoptadas en el Parlamento español, suspendiendo las facultades del Consejo General del Poder Judicial para la designación de jueces, mientras se encuentre en funciones.
También es conocido, a través de los medios de comunicación, que la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) tiene previsto acudir al Consejo de Europa en demanda de amparo ante la situación en la que vive el sector de las exportaciones de la ciudad tras el cierre unilateral de la aduana comercial entre España y Marruecos en Melilla, por parte de Marruecos, desde el 31 de julio de 2018. Las actuaciones del Gobierno de España no han conseguido modificar la postura del Gobierno marroquí hasta el momento.
Ambos ejemplos y muchos otros, ponen de manifiesto que la percepción de la sociedad española sobre el marco legislativo en el que nos desenvolvemos trasciende los límites espaciales definidos por nuestras fronteras nacionales para encuadrarse de manera evidente en el marco europeo y a través de él en el concierto de las naciones del mundo.
La Unión Europea no es una creación gratuita ni caprichosa. Tiene como aglutinante fundamental la lucha contra los nacionalismos de visión corta, que limitan nuestras posibilidades, en el ámbito del mundo competitivo en el que vivimos y en el que estamos llamados a convivir. La corriente de los tiempos, aunque algunos se obstinan en no querer aceptarlo, nos mueve al globalismo y a la interpretación de la realidad del mundo con óptica amplia de apoyos mutuos entre semejantes. De ahí la necesidad de ampliar nuestros horizontes hacia el marco europeo. Nuestras capacidades individuales como naciones son importantes, pero insuficientes para garantizar la competitividad de nuestras sociedades.
Las Cortes Generales de España cuentan con una Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea, compuesta por 35 Diputados y Senadores con una representación proporcional de todos los Grupos Parlamentarios con representación en ambas Cámaras.
En dicha Comisión se analiza la prolija normativa emitida por las Instituciones Europeas (Comisión, Consejo y Parlamento), a la luz de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, al objeto de su incorporación a la normativa nacional. Al propio tiempo, se mantienen relaciones periódicas con otros foros similares en los Parlamentos nacionales de los otros países de la Unión Europea a fin de trabajar juntos en la construcción y consolidación del proyecto colectivo europeo.
El próximo 9 de mayo comenzará la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El objetivo de la Conferencia es dar voz a los ciudadanos. Se va a desarrollar sobre la base de paneles, encuentros, debates y encuestas a la sociedad civil de todos los países de la Unión Europa con el objeto de plantear nuevas propuestas para acercar Europa a los ciudadanos y mejorar la Unión.
De acuerdo con la declaración conjunta realizada el pasado 10 de marzo por la Presidenta de la Comisión, el Presidente del Parlamento y el Presidente de turno del Consejo Europeo, los asuntos esenciales a tratar serán la construcción de un continente saludable, la lucha contra el cambio climático y los retos medioambientales, una economía que funcione para las personas, la justicia social, la igualdad y la solidaridad intergeneracional, la transformación digital de Europa, los derechos y valores europeos ―incluido el Estado de Derecho―, los retos migratorios, la seguridad, el papel de la Unión Europea en el mundo, las bases democráticas de la Unión y cómo reforzar los procesos democráticos que rigen la Unión Europea. Los ciudadanos seguirán teniendo libertad para plantear cuestiones adicionales que les afecten.
La citada Conferencia sobre el futuro de Europa se desarrollará al propio tiempo que la Unión continúa con la puesta en práctica de su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para apoyar a los diferentes países miembros en sus respectivos Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia que les permitan recuperarse de los efectos de la pandemia, que todos ellos han experimentado, aunque con diferente intensidad en cada una de sus tres vertientes, sanitaria, económica y social.
Para fundamentar sus decisiones y sobre todo para disponer de la adecuada seguridad jurídica en el ejercicio de sus actividades, los ciudadanos en general y los responsables políticos en particular, harán bien en tener en cuenta de manera inequívoca, la Europa en la que vivimos, pero sobre todo, influir de manera fehaciente en la Europa hacia la que vamos.
