Ha sido la noticia más leída en la página web de El Faro de Melilla: una trabajadora de los Juzgados de nuestra ciudad ha sido inhabilitada para trabajar en la Administración de Justicia por supuestamente solicitar y cobrar cantidades de dinero que van entre los 200 y los 1.000 euros a cambio de modificar expedientes judiciales.
No voy a ponerla de vuelta y media porque no tengo claro que la sentencia sea firme. En democracia la gente tiene derecho a defender y pelear por su inocencia y hasta que no agota todas las posibilidades que tiene a su disposición, no hay nada seguro. Pospongo, por tanto, la escabechina.
Creo que el solo hecho de que este tipo de casos haya llegado a los Juzgados nos anima a pensar que no todo está perdido. En democracia, quien la hace, la paga. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Es éste un caso aislado? ¿Desde cuándo se supone que viene pasando? ¿Estamos seguros de que esto no está ocurriendo en estos momentos? ¿Cómo ha afectado este tipo de corrupción a las sentencias judiciales? ¿Se revisarán esas decisiones?
Es triste imaginar que un sueldo de funcionario, que seguramente no es el mejor, pero es fijo y seguro mes a mes, llueve, truene o relampaguee, no es suficiente para acabar con la corrupción en la Administración española. Y no hablo sólo de los Juzgados, evidentemente. Durante el boom de la burbuja inmobiliaria vimos desfilar por los Palacios de Justicia de todas las autonomías a arquitectos municipales, interventores y demás representantes del funcionariado público, acusados de recibir mordidas por acelerar expedientes urbanísticos y hacer concesiones en detrimento de la ciudadanía, que es, en realidad, la que paga sus sueldos.
Creíamos que este tipo de cosas las habíamos superado, pero no es así. Tampoco podemos ignorar que cada vez que llega una campaña electoral sea municipal, autonómica o nacional nos encontramos al partido que está casi siempre en la oposición, contra las cuerdas en los juzgados. Esta situación, inevitablemente, da pie a que desconfiemos de la independencia de los poderes públicos en nuestro país. Yo, a mi edad, soy renuente a creer en la conjunción estelar y de los astros alineados en contra de una sola formación política.
No son pocos los españoles que se quejan amargamente de la falta de imparcialidad de la justicia en nuestro país. Desde el momento en que los partidos mayoritarios deciden qué jueces y qué perfiles quieren en el Consejo General del Poder Judicial tenemos que enfrentar la primera gran anomalía democrática.
Y esto no es algo que ocurra sólo en España. También lo vemos en Estados Unidos, la que creíamos la democracia más consolidada del mundo, entre otras cosas porque los americanos son de los pocos ciudadanos del planeta que no han vivido en dictadura. Cada quien barre para su casa, confiado en que un juez conservador sea más proclive a los conservadores que uno progresista. Luego puede pasar de todo, pero ahí está esa duda razonable que nos obliga a desconfiar porque llevamos años escuchando y comprobando que Dios los cría y ellos se juntan.
Tengo la sensación (y no es sólo una sensación sino también una convicción) de que nos queda mucho camino por andar en materia de independencia judicial. Que nuestra fiscal general del Estado haya sido ministra de Justicia del PSOE no sólo es feo sino que, además, es tóxico para la democracia. Y me duele decirlo porque conozco el trabajo que Dolores Delgado hizo en la Audiencia Nacional, en temas relacionados con el yihadismo, que tan de cerca nos tocó aquí en Melilla.
Creo que es razonable preguntarse qué estamos haciendo mal e intentar enmendarlo. Esto, desgraciadamente, no podemos hacerlo sólo desde fuera. Tienen que hacerlo sobre todo quienes están dentro del sistema judicial y creen en la independencia de la justicia. Tenemos que poner fin al compadreo que hemos visto de algunos jueces y fiscales con políticos. No basta con ser honestos, hace falta, además, parecerlo.
Por eso es tan importante denunciarlo. Melilla es una ciudad en la que un rumor tarda fracciones de segundos en llegar de un punto a otro de la valla. Pues bien, no podemos seguir haciendo oídos sordos a lo que cuenta la gente. Hay que investigar y si hay indicios de delito, hay que ir con todo. No podemos seguir exigiendo que nos traten como españoles y luego comportarnos como si tuviéramos licencia para vivir y manifestarnos como si esto fuera una mini-república bananera.
Quienes han tolerado la corrupción y han estado bajo sospecha de corrupción no están legitimados para representarnos y muchos menos para impartir justicia. Es así de simple. Tenemos que apartarlos. No sólo en Melilla. No los queremos; no los necesitamos en ningún otro punto de España. Partamos de esa premisa tan sencilla para empezar a construir un país mejor; una ciudad mejor.
