CUANDO nuestro país asiste atónito a la tercera ola de la pandemia porque los políticos no fueron capaces de asumir su responsabilidad y prohibir la movilidad y la interacción social durante las navidades, resulta que las administraciones andan a la gresca por el tema de adelantar o no el toque de queda.
Queda muy claro que el Gobierno central se lavó las manos después del verano y entregó el poder a las comunidades autónomas, pero de una manera muy tagencial porque no podían adoptar medidas como el confinamiento o establecer los toques de queda en función de su buen saber o entender.
Ahora asistimos a la pelea entre el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León porque el presidente de esta autonomía ha decidido adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, aún a sabiendas que está incumpliendo el Real Decreto que establece el estado de alarma que fija unos horarios muy claro para estas cuestiones.
El Gobierno central ha encargado a la Abogacía General del Estado que presente ante el Tribunal Supremo un contencioso administrativo por entender que se está incumpliendo el famoso decreto ley. Pero sucede que cuando el Alto Tribunal dictamine una resolución será más que probable que las autonomías hayan llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. No olvidemos que el mismo Salvador Illa adelantó el sábado que estaba dispuesto a hablar sobre estas cuestiones en una próxima reunión con los consejeros autonómicos. Mientras tanto los políticos siguen demostrando que no están a la altura que les solicitan a los ciudadanos que siguen sufriendo.
