El pleno de la Asamblea de Melilla ha respaldado la moción del diputado no adscrito, Jesús Delgado Aboy, para que se pongan los medios necesarios para facilitar la educación no presencial en tiempos de pandemia. La moción consiguió 13 votos a favor y las abstenciones del Partido Popular y Vox.
En un debate que se centró en la brecha digital y en la coordinación entre la Dirección Provincial y la Consejería de Educación, Delgado Aboy instó a que la Administración ponga todos los recursos necesarios para los alumnos que quieran recibir clases telemáticas. Pidió que no falten ni los medios técnicos ni profesionales para garantizar la educación de los estudiantes.
La diputada popular, Isabel Moreno, comunicó la abstención de la formación política que representa porque cree que la moción fue "muy genérica", aunque dijo estar a favor en algunos puntos. La popular recordó que los populares han presentado "innumerables" propuestas para mejorar la educación en tiempos de pandemia.
Moreno mencionó que el PP pedía la contratación de 400 docentes, así como el refuerzo en la limpieza en los centros educativos, los test masivos para el personal docente. Agregó que la brecha digital se ha extendido en la ciudad. En su intervención indicó que el contrato de limpieza y de conciliación familiar finalizó a principios de mes.
A juicio de la popular falta coordinación entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Consejería de Educación para actuar en momentos de pandemia. Acotó que también debieron coordinarse con los agentes de seguridad para evitar las aglomeraciones en las puertas de los centros educativos.
La consejera de Educación, Elena Fernández Treviño, respondió tanto a la moción del diputado no adscrito como a la diputada popular y afirmó que apostaron por un modelo de educación presencial con el inicio del curso en septiembre y para ello prepararon los centros educativos. La consejera destacó elementos como la socialización del estudiante con sus compañeros, que no se puede lograr por la vía telemática.
Recalcó que se ha "hecho un esfuerzo enorme" invirtiendo 7 millones de euros provenientes de los Fondos Covid y destacó que "la educación ha sido una tarea colectiva". Dijo además que se han dotado de medios telemáticos a los centros de la ciudad y que "está siendo buena".
Fernández Treviño dijo que para la consejería fue prioridad dotar de material sanitarios a los centros educativos así como también de personal y docentes. Para ello invirtieron dos millones de euros. De la misma forma, la consejera destacó la coordinación entre la Dirección Provincial de Educación y el área que dirige.
La vicepresidente del Gobierno de la Ciudad, Gloria Rojas, también fue enfática en este punto, y pidió al PP dejar de "sembrar dudas" sobre una falta de coordinación, al tiempo que la rechazó y desmintió asegurando que ha habido "una alta coordinación" y dijo que "el esfuerzo que han hecho no tienen parangón".
Dejó claro que la coordinación "ha sido absoluta", y se han contratado a 120 técnicos de educación infantil y se ha redoblado el personal de limpieza, sin dejar de lado que pusieron en marcha las aulas de conciliación.
Rechazan la propuesta del PP contra la Ley Celaá
La moción promovida por el PP para instar al Gobierno de España a modificar la Ley Celaá no recibió el respaldo de la Asamblea. Los populares votaron a favor de la propuesta que recibió 14 votos en contra y dos abstenciones.
La diputada del PP, Isabel Moreno, indicó que el sentido de la moción iba dirigida a alcanzar un gran pacto de Estado por la educación, en “lugar la impostura del Gobierno” del país. Tildó de “sectaria” la ley y dijo que había sido aprobada sin el consenso de los partidos constitucionalistas y asegura que es “la norma educativa con menos diálogo de la democracia”. Según Moreno, la ley está “cargada de idealismo”, se elimina el castellano como lengua vehicular, “deforma y desvirtúa el concepto de educación pública”, entre otras.
Por su parte, la consejera de Educación, Elena Fernández Treviño, defendió la ley y asegura que con esta se logra la inclusión de la diversidad, la atención al fracaso educativo, obtener más recursos y es mucho “más justa y equitativa” que las anteriores, además “potenciar el equilibrio entre la excelencia y el talento”. Negó que con la normativa se busque acabar con la educación concertada.
Resaltó que es una ley en la que se ha trabajado durante dos años y se han recibido cerca de 53.000 aportaciones y se han recogido más de 330 enmiendas.
