Hemos leído con mucho pesar el auto de la Audiencia Nacional que revoca la orden de busca y captura internacional contra los tres oficiales de la Marina Real Marroquí identificados como los asesinos de Emin y Pisly. Ha sido un cubo de agua fría sobre las familias de los dos jóvenes melillenses, asesinados en la flor de la vida, y sobre todas las personas de bien a las que nos duele que una injusticia como ésta siga, siete años después, sin condena firme.
Los magistrados de la Sala 3ra de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara Marcos, María Teresa García Quesada y Ana María Rubio Encinas han estimado el recurso de la Fiscalía que pone en duda que la fotocopia del informe de la Gendarmería Real de Marruecos, en el que se identifica a Mounir Tisman, Aziz El Mals y Mouhein Brioul como los tres oficiales marroquíes que dispararon y mataron a los melillenses Emin y Pisly el 27 de octubre de 2013, en aguas marroquíes cercanas a Melilla, tenga suficiente entidad como para dictar una orden internacional de detención.
En paralelo admiten que el Gobierno de Rabat no quiere facilitar a España la información necesaria para constatar la veracidad de este informe y se limita a señalar que la causa de Emin y Pisly fue investigada y sobreseída. ¿A qué viene tanto misterio? Si esos oficiales son inocentes, como defiende Marruecos, ¿por qué no aportar a España, socio comercial y aval en Europa, la información que necesita? ¿Qué oculta Rabat?
Los ciudadanos tenemos el deber de respetar las decisiones judiciales, nos gusten o no. Sin embargo, en este caso hay algo que no encaja. ¿Por qué el Ministerio Público vio con buenos ojos que esa “mera fotocopia” sirviera para iniciar la investigación y ahora no le parece que tenga entidad suficiente para decretar la orden de busca y captura internacional contra tres mandos de la Marina Real Marroquí?
Respetar una decisión judicial no significa compartirla y mucho menos aplaudirla. Es evidente que la Fiscalía (en este caso) no entiende y puede que probablemente no sepa cómo funcionan las cosas en Marruecos. Tener esa fotocopia de la forma que la hayan conseguido los padres de Emin y Pisly es la primera señal de que Marruecos ha llevado adelante un juicio sin garantías contra los asesinos de Emin y Pisly.
El caso no queda sobreseído provisionalmente porque no haya indicios suficientes de que Emin y Pisly fueron asesinados en Marruecos por oficiales marroquíes. Se le da carpetazo porque la única prueba que sirve para identificar a los asesinos no tiene entidad suficiente. Ha sido imposible, por tanto, constatar su veracidad debido a que Marruecos no ha querido atender las demandas de auxilio judicial de España.
Las familias de Emin y Pisly recurrirán la decisión al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si es necesario. Esto no ha acabado. No han nadado tanto para ahogarse en la orilla.
En estas circunstancias no me negarán que Rabat se nos ha convertido en una piedra en el zapato. A los que conocemos cómo se las gasta Marruecos nos resulta fácil enumerar los intereses que se verían afectados en España y Marruecos si la Audiencia Nacional hubiera finalmente desestimado el recurso del Ministerio Público y hubiera ordenado la detención internacional de tres altos mandos de la Marina Real Marroquí.
Y esa sospecha no la tenemos porque nos gusta enfangar las instituciones. La tenemos porque sabemos (nosotros y toda España) que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fue miembro del Gobierno Pedro Sánchez y asumió el nuevo cargo con un descaro inusual en el ránking de las puertas giratorias. Su nombramiento hirió de muerte la credibilidad de la institución. Con ella asumimos que la separación de poderes puede llegar a entenderse como una ficción de nuestra democracia. En estas condiciones nadie puede asegurarnos al 100% que detrás de decisiones judiciales no puedan colarse, en determinadas circunstancias, intereses políticos.
¿Es descabellado asociar la apelación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con una decisión política? No vamos a avanzar más por este camino porque sabemos que nos lleva al mismo terreno pantanoso en el que se metió el candidato a la reelección de la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, al denunciar fraude electoral en los comicios del supermartes 3 de noviembre sin pruebas contundentes, sino apelando a testigos que dicen haber visto esto o aquello. Esta situación ha llevado a los jueces a afear al equipo de campaña del Partido Republicano que los juzgados están para pronunciarse sobre hechos que han pasado y se pueden demostrar no sobre hechos que podrían estar pasando, pero no se pueden probar.
Estamos convencidos de que la orden de detención internacional en la UE contra tres altos mandos de la Marina Real Marroquí habría puesto a Rabat en una situación delicada delante de sus socios europeos que le han aplaudido sus discretos gestos democráticos, su regularización masiva de migrantes, su compromiso con la lucha antiyihadista, contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Hay demasiado en juego. Estamos ante una decisión judicial que tiene consecuencias políticas.
