La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha encargado a la empresa pública estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (SENASA) un contrato para realizar “actividades de apoyo en materia de convenios internacionales de transporte aéreo” y “la realización de determinados estudios y trabajos técnicos en materia de subvenciones al transporte aéreo”.
El Gobierno central realiza un seguimiento “continuado” de las condiciones de conectividad y precios en los mercados interinsulares y entre las islas y la península que se intensificó a partir de la aprobación por parte del Estado del aumento al 75% del descuento al residente en los trayectos entre islas y el resto del territorio nacional, aplicable desde el 16 de julio de 2018.
En el ámbito del transporte marítimo desde el Ministerio se encargó un estudio externo para “tener un conocimiento más profundo y desde una perspectiva académica independiente de los mercados subvencionados y de los elementos que estén pudiendo influir en su evolución”.
Ahora, para el ámbito aéreo, SENASA se hará cargo de elaborar “trabajos técnicos en la iniciación, tramitación, seguimiento y, en su caso, finalización de investigaciones previas y actuaciones de comprobación a compañías aéreas y beneficiarios”.
También se incluye entre las tareas encomendadas a la sociedad pública por algo más de medio millón de euros hasta finales de mayo del año próximo la realización de “trabajos técnicos en la iniciación, tramitación, seguimiento y resolución de los procedimientos de reintegro a compañías aéreas y beneficiarios”.
El encargo del MITMA prevé que un total de cinco técnicos se dediquen durante medio año al control de las subvenciones al transporte aéreo vigentes con el propósito, entre otros, de “evaluar si los indicios sobre irregularidades que se hayan localizado pueden derivar en un expediente de reintegro”.
Evaluar si existen “indicios de irregularidades”
El control posterior de subvenciones suele iniciarse con una investigación previa cuyo objetivo es “evaluar si existen indicios de irregularidades de cualquier tipo en la liquidación”. Estas investigaciones pueden cerrarse generando documentación diversa que es archivada o derivar en una actuación de comprobación, en cuyo caso los documentos de la investigación quedan embebidos en el expediente de la propia actuación de comprobación.
Muy bien. Así no tenemos peligro de que se nos quiera engañar.