Estrasburgo avala las devoluciones en caliente en Melilla y Ceuta

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló este jueves las expulsiones de dos inmigrantes subsaharianos tras saltar la valla de Melilla en 2014, porque "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad", al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza". De esta forma, el Tribunal de Estrasburgo avala las devoluciones en calientes realizadas tanto en Ceuta como en Melilla.

El fallo a favor de España añade que los inmigrantes "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español" y revoca de esta forma la sentencia condenatoria de la Sala de 2017 por "expulsión colectiva sin medida judicial previa".

El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo "no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión". La ausencia de esa vía legal, añade, "no constituye por si misma una violación del artículo 13 del Convenio".

Recuerda el tribunal que los demandantes tuvieron la posibilidad "de disponer de un acceso real y efectivo al territorio español en el puesto fronterizo de Beni-Enzar", al igual que a las embajadas y consulados españoles.

El pronunciamiento de la Gran Sala del TEDH es opuesta a la sentencia emitida este mismo tribunal en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.

Regularizadas por Rajoy; continuadas con Sánchez

Las conocidas como 'devoluciones en caliente' fueron regularizadas en el 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del 'rechazo frontera', que fue incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. El PSOE, por su parte, mostró siempre su rechazo a las devoluciones, y las llevó al Tribunal Constitucional junto a otros grupos de la oposición.

Sin embargo, a su llegada a La Moncloa, el Gobierno socialista continuó realizando este tipo de devoluciones de migrantes a Marruecos, alegando que se hace "en cumplimiento de la legislación vigente". También optaron por mantener el recurso que había presentado el PP contra la condena del TEDH. En la vista celebrada el 26 de septiembre de 2018 para escuchar a las partes, el abogado del Estado Rafael León, nombrado por el Ejecutivo para representar a España, aseguró que “la no admisión de extranjeros no significa expulsión”.

Sobre este caso, de dos expulsiones de inmigrantes en la valla de Melilla, el tribunal consideró en un primer momento, en su sentencia  de 2017, que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por ello, condenó al Estado a indemnizar con 5.000 euros a cada demandante, representados por dos abogados colaboradores del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Gonzalo Boyé y Carsten Gericke.

Pero esta condena del TEDH fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo argumentario consistió en hablar de 'rechazos en frontera' porque los migrantes que saltan la valla hispano-marroquí no pisan suelo español hasta que no sobrepasen a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la custodian.

Reacciones: el Gobierno "respeta y acata" la decisión

Tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno de España ha expresado que "respeta y acata", como hace con todas las resoluciones judiciales, la decisión. Así lo han transmitido a Efe fuentes del Ministerio del Interior.

AUGC pide clarificar el protocolo de actuación de los agentes

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reaccionado inmediatamente al fallo, que en su opinión, debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique "el protocolo de actuación de los agentes" frente a la entrada irregular de personas a España.

De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras "eficazmente" garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes.

CEAR confía en que el Tribunal Constitucional tumbe las devoluciones al examinar la 'Ley Mordaza'

En cambio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha comentado que "confía" en que el Tribunal Constitucional tumbe el procedimiento de devoluciones en caliente cuando le corresponda examinar los recursos contra la llamada Ley Mordaza, donde se regularizó este procedimiento de expulsión de inmigrantes.

Los principales directivos de CEAR han conocido esa sentencia a la salida de una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en Las Palmas de Gran Canaria para hablar sobre el repunte en la llegada de pateras y cayucos a las islas.

"Nos parece desalentador. Con todos los respetos a la Gran Sala, creemos que no han entendido nada de las cuestiones que planteábamos la parte demandante y también CEAR, que somos tercera parte en este procedimiento", ha manifestado a los periodistas la directora del Servicio Jurídico de esta ONG, Paloma Favieres.

"Cuestionar que estas personas podrían haber entrado por un puesto habilitado, cuando es sobradamente conocido que desde que se instalado las oficinas de seguridad de Ceuta y Melilla ninguna persona subsahariana ha podido acceder al puesto de seguridad de Melilla para realizar una solicitud de protección internacional, pues me parece desilusionante", ha señalado la letrada de CEAR.