Los sindicatos de educación piden un proceso de escolarización transparente y claro

Tras la publicación de la nueva normativa relativa a los criterios de admisión en los centros docentes, públicos, privados y concertados de Ceuta y Melilla, el pasado miércoles 27 de febrero, los sindicatos de educación de Melilla piden que el proceso de escolarización para el próximo curso de 2019/2020 sea transparente y se respete en todo momento por todas las instituciones y centros.

Las organizaciones sindicales reconocen que es una normativa muy parecida a la de otros años y que apenas hay variaciones. Por ello, reclaman que se cumpla con la ley vigente.

Desde el sindicato de ANPE reclaman “que se cumpla escrupulosamente con el proceso y que todos los alumnos sean escolarizados conforme a la norma en un proceso transparente y claro”.

Ajustarse a la legalidad

Como se ha visto a lo largo de todos estos años, la falta de espacio es una de las principales reivindicaciones de la comunidad escolar melillense. Desde el sindicato de CSIF Educación señalaron también que en la ciudad hacen falta tres centros de educación Infantil y Primaria y dos de Secundaria.

A raíz de esta demanda, desde este sindicato señalaron que “el proceso de matriculación extraordinario debe llevarse adecuadamente”. E hicieron alusión a los dos procesos extraordinarios del presente curso, concretamente las del 21 de septiembre y del 3 de octubre, en las que se matricularon a niños que no presentaron el certificado de empadronamiento como lo requiere la normativa a la hora de presentar la documentación acreditativa del domicilio.

Desde CSIF creen que “si un padre ha hecho el proceso ordinario, no puede venir uno del proceso extraordinario y quitarle esa plaza”. Además, sostienen que ese proceso está elaborado para niños que vienen de la península o que cambien de centro dentro de la ciudad.

De esta forma, desde este sindicato, denuncian que el propio Ministerio de Educación se ve obligado a crear “barrigas”, clases adicionales de un nivel educativo que deben ubicar en un espacio disponible dentro de un centro. Por eso, ante esta problemática, piden la creación de más centros educativos.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras piden también que “no haya sospechas ni equívocos en cómo y quién aplicarla, como sucedió a principios de este curso”. Además, desde CCOO, también piden libertad a la hora de elección de los centros por parte de los padres de los alumnos, pero también que tanto padres como centros educativos se ajusten a los límites legales reflejados en las normativas de cara al próximo curso.

“Todos los alumnos tienen que ser escolarizados de acuerdo con los criterios que se establecen y deben se repartir por todos los centros de la ciudad sin perjudicarlos y sin dar facilidades a unos frente a otros”. De esta forma, reclaman que los centros tengan aproximadamente el mismo número de alumnos y que se haga también lo que marca la ley en lo que se refiere a la ratio, algo que creen podría ser también imposible.

Respetar los plazos

Por otro lado, desde de SATE-STEs denuncian que los plazos de presentación de solicitudes de matrícula son muy cortos, y se quejan de que la Dirección Provincial de Educación no ha respetado algunos plazos. “Si tenemos en cuenta que los plazos ya de por si son bastante cortos, no parece razonable que los vaya acortando más”, dijeron.

La normativa contempla un polémico punto que “perpetúa el elitismo”

La nueva normativa legislativa referente a la escolarización en los centros educativos de Ceuta y Melilla contempla un apartado un tanto polémico entre los puntos que se conceden para el baremo que establece la prioridad para acceder a un centro y otro, y que los sindicatos de SATE-STEs y Comisiones Obreras han criticado duramente por ser perpetuar el elitismo entre unos centros y otros.

Concretamente se trata del apartado 7 del Anexo tercero de normativa del 29 de febrero. En el punto 7.1 se favorece a aquellos alumnos cuyos padres hayan sido antiguos alumnos del centro. SATE-STEs considera que no hace falta tener esa condición para que “tu hijo vaya a ese centro el día de mañana porque en el fondo lo que vamos es a perpetuar una situación que se viene dando con determinados sectores sociales que han ido a determinados centros educativos”.

El 7.2 se refiere a cuando un alumno ya había estado matriculado en ese centro previamente. Este punto permite, según este sindicato, que determinados centros de la ciudad, los cuales “son muy excluyentes con determinados colectivos”, continúen estando en este centro “en aquellas etapas pagadas con dinero público”.

El punto 7.3, que es quizá el más polémico, ya que este baremo contempla que se favorezca al alumno por tener consanguinidad o afinidad hasta tercer grado con un trabajador del centro. Comisiones Obreras lo considera “excesivo”, y desde SATE STEs critican que “se van a dar puntos para entrar en un centro al tener a un primo o un cuñado trabajando ahí”.

“Estos tres puntos lo que hacen es perpetuar que determinadas elites puedan seguir teniendo acceso a determinados centros pagándose con el dinero de todos y evitando que todas esas personas que tienen derecho por proximidad por ejemplo, puedan acceder a esos puestos escolares”, dicen desde SATE-STEs, que presentaron un voto particular en contra desde el Consejo Escolar de Estado.

Desde la Dirección Provincial de Educación explicaron que se necesita un consenso parlamentario para poder cambiar esta orden, que fue aprobada en el curso académico de 2017/2018. Desde el organismo afirmaron que este año con los cambios del gobierno “no se han dado las circunstancias propicias para su modificación y otros aspectos escuchando a los distintos estamentos educativos”.