La plantilla completa de fiscales y el 87% de la de jueces de Melilla secundó ayer la huelga convocada por las asociaciones de ambos colectivos para protestar contra “el ninguneo” y la “desidia” del Gobierno central y de la ministra Dolores Delgado. Entre otras medidas, exigieron que haya una “absoluta” separación de poderes, una carrera judicial y fiscal con unas “condiciones dignas” y un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sea realmente independiente.
En esta jornada de huelga, funcionaron como servicios mínimos el juzgado de guardia y el especializado en violencia de género. Además, los profesionales estuvieron atentos por si entraba “alguna medida urgente” que fuese necesario atender, según detalló el juez decano, Fernando Germán Portillo. Los jueces y fiscales se concentraron a las 13:00 horas junto a las Torres del V Centenario, donde se ubican los juzgados. Allí se procedió a la lectura de un manifiesto que fue consensuado por las siete asociaciones que convocaron la huelga, cuatro de ellas de jueces y otras tres de fiscales.
El manifiesto, que fue leído por el juez Carlos Viader, del Juzgado de lo Penal 1, y por la fiscal Ana Vanesa Navas, arrancó denunciando que, “sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial”, se haya anunciado el acuerdo al que se ha llegado entre algunos partidos para elegir al próximo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Entre otras reivindicaciones, jueces y fiscales recordaron que solicitan una mayor independencia judicial, medios materiales para poder dar una respuesta adecuada a los ciudadanos, cargas de trabajo saludables o retribuciones dignas.
Además, ambos colectivos profesionales reivindican derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del personal y condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal. “Son entre otras poderosas razones que nos conducen a mantener nuestras movilizaciones”, sostuvieron. Los jueces y fiscales lamentaron que mientras el CGPJ sea elegido por fuerzas políticas, se pondrá en duda la independencia de la Justicia, con el “evidente riesgo de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho”.
