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Se trata de un agente que estaba de refuerzo en la ciudad, concretamente en la frontera, pero no forma parte de la plantilla de la Jefatura de Melilla. La investigación depende de la unidad de Asuntos Internos del Cuerpo
Un agente de Policía Nacional, destinado en Madrid pero de refuerzo en Melilla, fue detenido el pasado miércoles acusado de un presunto delito de tráfico de personas. Supuestamente, este agente de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) habría favorecido “la inmigración clandestina”, según indicaron a El Faro desde la Jefatura Superior de Policía de la ciudad.
Se trata de una investigación de la que se está encargando la unidad de Asuntos Internos del Cuerpo. Sobre este asunto se pronunció ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que tilda de “grave” el delito del que se acusa a este funcionario y asegura que el caso también denota que el Cuerpo tiene sus mecanismos internos para perseguir supuestas faltas.
Esta organización, asimismo, quiere dejar claro que esta persona, pese a haber sido arrestada en la ciudad, no forma parte de la plantilla de Policía de Melilla, sino que ejercía sus funciones en frontera a modo de refuerzo, debido a la falta de personal.
“No se puede justificar”
Por otro lado, desde la Unión Federal de Policía (UFP) aseguran que este tipo de comportamientos, de ser cierto el caso del agente detenido, “no se pueden justificar”. “Somos servidores del orden público”, añade el sindicato, que considera que este tipo de actitudes son diametralmente opuestas a la labor que se presupone a un policía.
“Formamos parte de un Cuerpo integrado por muchas personas y a lo largo de la historia ha habido funcionarios envueltos en corruptelas”, señalan desde la UFP, que dicen ser los primeros en censurar estas actitudes.
Consideran que casos como el de este policía arrestado el pasado miércoles, de ser cierto, conforman un “atajo legal” para que agentes que se ven envueltos en corruptelas se enriquezcan. También apuntan que actitudes de este tipo suponen un aprovechamiento de una profesión que tiene como objetivo el servicio a la ciudadanía.
Por lo tanto, a la espera de lo que dictaminen las autoridades judiciales, los dos principales sindicatos de Policía en nuestra ciudad condenan este tipo de comportamientos, que ambas entidades consideran, de probarse, muy graves.
Los dobles fondos, principal forma entrada irregular
Un total de 3.993 personas pasaron por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a lo largo del pasado año, según los datos que dio a conocer el Ministerio del Interior en diciembre. De ellos, más de 2.300 eran solicitantes de asilo que entraron por la frontera de Beni Enzar demandando protección internacional. La nacionalidad de esta opción es, mayoritariamente, la siria.
Las entradas irregulares fueron, por tanto, inferiores, pero principalmente, las personas que las utilizaron, lo hicieron por el mecanismo del doble fondo en vehículos, dado que las entradas a través de la valla fueron muy inferiores a esta modalidad de acceso a territorio español.
De hecho, según los datos publicados en el mes de noviembre, alrededor de 600 personas lograron llegar a nuestra ciudad ocultos en vehículos que intentaron cruzar la frontera.
Hay que resaltar, entre los casos de personas escondidas en dobles fondos, que el pasado año dejó uno que llamó especialmente la atención. Se trató del intento de entrada de 22 inmigrantes subsaharianos en el doble fondo de un camión. Este episodio supuso la tentativa de acceso en doble fondo más numerosa del año pasado y de los últimos tiempos, dejando a un lado las entrada mediante los saltos a la valla registradas en 2014.
“Las devoluciones en caliente no están en la legislación”
En su visita de ayer a la ciudad hermana de Ceuta, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró que ni en la legislación española ni en ninguno de los convenios que el país tiene suscrito a nivel internacional se contempla la posibilidad de ejecutar devoluciones en caliente de inmigrantes. En este sentido, la dirigente de esta institución recalcó el mensaje emitido en otras ocasiones, relativo a la necesidad de identificar a las personas y comprobar si pueden o quieren adherirse a un procedimiento de protección internacional antes de devolverlas, en este caso, a territorio marroquí.
En este sentido, cabe recordar que Becerril aseguró en septiembre del pasado año que las Fuerzas de Seguridad de la frontera deben verificar si las personas que saltan la valla pueden tener "derecho a acogerse a las condiciones de asilo o protección internacional" de acuerdo con las leyes vigentes y los principios de la Convención de Derechos Humanos.
Durante su visita a Ceuta ayer, la defensora del Pueblo pasó por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la frontera.
