Todavía no ha cumplido dos años y la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", será sometida a revisión en el Congreso en un proceso en el que debe decidirse la profundidad de los cambios que se introducen en una de las normas más polémicas de la pasada legislatura.
Por el momento, los grupos tendrán que posicionarse sobre dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV sobre esta normativa: la primera de ellas supondría prácticamente la derogación y la segunda es más "posibilista" y ataca a los aspectos más controvertidos.
A la espera del pleno, la voluntad de los grupos es votar a favor de esa toma en consideración, porque eso supondrá abrir una ponencia donde ya cada uno podrá ir incorporando sus propuestas. Eso sí, lo harán con la mirada puesta en el PP, sobre todo después de que el nuevo equipo de Interior haya reiterado su voluntad de diálogo y de modificar la norma, aunque en ningún caso aceptará su derogación.
Una ley a la que inmediatamente le pusieron el apodo de "mordaza" y cuyo texto Interior suavizó antes incluso de llevarla al Parlamento, porque el propio borrador suscitó más que recelos entre los partidos y un buen número de organizaciones sociales.
Según se desprende de las declaraciones de las fuentes consultas por Efe, lo que menos importa es el contenido de las dos proposiciones presentadas y lo que más, el recorrido del debate que se abre el día 21.
De todos modos, a Interior la que más le gusta como punto de partida es la del PNV, según han asegurado en sus comparecencias en el Parlamento tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Con la vista puesta en el martes, el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, recuerda en declaraciones a Efe la moción que en su día aprobó la mayoría del Congreso para pedir la derogación de la ley y, por eso, cree que un nuevo texto como el que propone su grupo supondría "hacer realidad ese sentir mayoritario".
Suprimir del texto aún en vigor los aspectos que se han recurrido por inconstitucionales y preservar derechos constitucionales que la ley "ha restringido hasta hacerlos irreconocibles", como los de reunión, expresión, de huelga y otros, son las metas que persigue la propuesta socialista, que no está cerrada, "sino abierta al diálogo", dice Trevín.
La iniciativa del PNV es "más posibilista" y "más constructiva" que la del PSOE y, por ello, en lugar de apostar por una derogación, pretende la reforma de los aspectos más controvertidos de la norma, indican fuentes del grupo vasco.
Pese a que aún no se han producido contactos con el resto de las fuerzas políticas, el PNV tiene constancia de que el Gobierno, como ha manifestado el ministro del Interior, piensa que su texto es una buena base para comenzar a negociar.
El PNV quiere acabar con los "aspectos más abusivos" y "desproporcionados" de la ley, sobre todo aquellos que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas, y es contrario, entre otras cuestiones, a las sanciones por las manifestaciones frente al Congreso, por las concentraciones sin previo aviso o por las grabaciones a la Policía durante esas protestas.
Ciudadanos aún no ha fijado su posición sobre esta materia, pero el planteamiento de su diputado Miguel Gutiérrez encaja con la filosofía del grupo vasco, pues cree que el texto del PSOE es muy parecido "a la ley Corcuera".
Es decir, en lugar de derogar la ley, es mejor reformarla en aquellas cuestiones que fueron recurridas al Constitucional, como las limitaciones a los derechos de reunión y de manifestación.
Unidos Podemos, según resalta a Efe su diputado Eduardo Santos, no ha querido entrar en la "carrera de a ver quién registra" otra proposición y, como Ciudadanos, ve en la del PSOE prácticamente un calco de la llamada "ley Corcuera" o "de la patada en la puerta".
Santos quiere ante todo que se abra el debate, porque su grupo tiene claras sus propuestas para acabar con la "restricción" de derechos o para sacar del texto las "devoluciones en caliente" que el PP introdujo en forma de disposición adicional.
De ningún modo aceptará su grupo que se vuelva "de la mordaza a la patada en la puerta", insiste Santos antes de asegurar que su objetivo es poder debatir sobre las funciones de la Policía, la privatización de la seguridad, la proporcionalidad de las sanciones o la garantía de las detenciones o retenciones.
José Alberto Martín-Toledano es el portavoz del PP y señala que su grupo está estudiando las dos iniciativas, pero desde el convencimiento de que la ley actual es "globalmente adecuada", como, según subraya, han apreciado sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.
Por eso, es más partidario de corregir lo que no ha funcionado bien, pero siempre con datos objetivos, porque, a su juicio, "no se ha limitado ningún derecho" y se han podido desarrollar protestas, incluidas las de 'Rodea el Congreso'.
No quiere adelantar ninguna posición de su grupo, pero sí su "predisposición" a llegar a acuerdos "huyendo de prejuicios", recalca.
