La ex consejera indica que se puso al frente del área de Bienestar Social y Salud a partir de 2003.
La ex consejera de Bienestar Social y Salud, María Antonia Garbín, aseguró ayer que la presunta contratación irregular de letrados de la que se le acusa en el marco del conocido como ‘caso Abogados’ se remonta al año 1999 y que ella tomó las riendas de este área de la Ciudad en 2003. En declaraciones hechas a la Cadena Cope Melilla, la que fuera representante del Gobierno local hasta 2015 reitero también lo dicho un día antes a El Faro, y es que está “deseando” que llegue el juicio oral para defender su inocencia.
Asimismo, en la entrevista que la ex consejera concedió ayer a esta emisora de radio local, incidió en su no culpabilidad y en la “profesionalidad” de los funcionarios de Bienestar Social (técnicos y directores generales) a la hora de elaborar los informes que reflejaban la necesidad de seguir contratando a letrados. Garbín, por tanto, dice no entender por qué “se les está machacando” desde hace unos años.
Perdonar, no olvidar
Para la popular, que actualmente es diputada del PP en la Asamblea y ocupa el cargo de portavoz de este grupo, esta causa está “politizada” y añade que “por salud mental hay que perdonar”, pero “no olvidar”.
Por otro lado, estimó que la fecha para el juicio oral se establecerá para dentro de un mes o de un mes y medio, y afirmó que todos sus esfuerzos van dirigidos, ahora, a preparar la defensa de la vista en la que pretende demostrar su inocencia.
Además, apostilló que a este juicio acudirán entre 10 y 14 personas, es decir, los funcionarios de Bienestar Social y los cuatro abogados que, según la Fiscalía y la acusación particular, integrada por la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Manos Limpias, contrataba periódicamente la consejería.
“Un paso más”
En las declaraciones a la Cope, la ex titular de Bienestar Social hizo hincapié en que la petición de 10 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía provincial de Málaga es “un paso más” en el proceso judicial en el que está inmerso. Además, un día antes en declaraciones a este periódico remarcó que lo realmente trascendental es el juicio oral y que el auto de la acusación no implicaba cambio alguno en su situación procesal.
Otro de los puntos que reiteró ayer Garbín es que no entiende por qué este caso está siendo instruido por la vía penal y no por la administrativa, que es la que considera que debería tratar este tipo de acusaciones como la que pesa sobre ella.
Fiscalía y acusación piden 10 años de inhabilitación
Las declaraciones de ayer de la ex consejera de Bienestar Social y Salud, María Antonia Garbín, responden a que, tal y como publicó El Faro, la Fiscalía provincial de Málaga solicita para la que fuera representante de la Ciudad una pena de 10 años de inhabilitación en cargo público por supuestas irregularidades en la contratación de letrados para la consejería.
En los mismos términos se pronunció la acusación particular, formada por la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Manos Limpias, que pide la misma pena para Garbín.
Ambas partes consideran también que los abogados que fueron contratados, según estas versiones del caso, de forma periódica y, a veces, incluso al día siguiente de haber finalizado el contrato con la Adminsitración, deberían ser inhabilitados, al menos, cuatro años, en el desempeño de su profesión.
Fiscalía, ALA y Manos Limpias, también solicitan una invalidación, de entre dos y seis años, para los funcionarios implicados en las presuntas contrataciones irregulares.
