El Gobierno, a través del Grupo Popular en el Congreso, quiere introducir una variación en su propuesta de modificación de la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Donde antes hablaba de ‘rechazos en frontera’ aplicados a “extranjeros” detectados intentando sobrepasar la valla de forma “clandestina, flagrante o violenta”, ahora se olvida de matizar el modo en que se produce la entrada irregular y sólo destaca que ‘los rechazos’ se aplicarán en los casos de los intentos “en grupo”.
Es lógico pensar que algún miembro del PP en el Congreso de los Diputados explicará en breve los motivos de esa extraña modificación. Es cierto que en la primera propuesta tal vez sobraba detallar que además de “irregulares” las entradas también debían ser “clandestinas, flagrantes o violentas”. Con el hecho de ser “irregulares” es bastante para aplicar la ley, lo que no impide que ésta contemple medidas más duras cuando se produzcan circunstancias agravantes.
Pero también es cierto que en la segunda propuesta no tiene mucho sentido añadir la especificación de “en grupo”, como si, por ejemplo, el hecho de robar ‘en grupo’ o de forma ‘individual’ supusiera alguna diferencia a la hora de calificar los hechos. En ambos casos el delito existe, aunque quede en manos de legislador proponer las circunstancias agravantes que considere oportunas. Resulta extraño que un juez, un policía o un guardia civil pueda actuar de diferente manera ante un hecho si éste lo lleva a cabo un individuo o un grupo. Y, por otra parte, lo conocido hasta ahora de la enmienda de los populares no aclara por cuántos sujetos debería de estar formado ese ‘grupo’. Es decir, ¿dos inmigrantes serían considerados un ‘grupo’? ¿haría falta que fueran tres? ¿no sería considerado como tal si fueran menos de cuatro?
Además, ¿cuánta distancia tendría que haber entre inmigrantes para considerar que no saltan la valla juntos? ¿Cuánto tiempo debería transcurrir entre un salto y otro para no considerar ambos como una misma entrada ilegal ‘en grupo’? ¿Qué hace pensar a nuestros legisladores que los inmigrantes no se podrían de acuerdo para ir pasando de uno en uno con los necesarios intervalos de tiempo, distancia y número de personas a fin de evitar las ‘devoluciones en frontera’?
Hace más de dos años que los agentes de la Benemérita representados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) vienen reclamando un protocolo de actuación en el vallado fronterizo ante los constantes intentos de entradas ilegales. Si por algo habría caracterizarse ese documento, debería ser por su claridad, una propiedad que hasta ahora se echa en falta en las propuestas de nuestros legisladores. Y seguirá faltado esa particularidad mientras quienes tienen la obligación de legislar (tanto desde el partido que apoya al Gobierno como desde los que supervisan su actividad) no se asuma que el problema de la valla en Melilla y Ceuta es un tema serio. Se trata de un asunto de Estado en el que España se está jugando su prestigio internacional. Ante esta situación, se echa en falta que nuestros diputados, de todo el arco político, cuenten con el necesario conocimiento del tema a fin de evitar lanzar propuestas sin demasiado sentido, que son contestadas por la oposición con críticas igualmente carentes de pragmatismo.
Hablar con sensatez de la valla de Melilla exige conocerla, contemplarla personalmente, escuchar a los mandos de las Fuerzas de Seguridad, atender a los agentes, saber cómo actúa Marruecos, hablar con las ONGs, conocer qué piensan los melillenses, leer informes, analizar la historia de esa alambrada, repasar las soluciones que se han dado hasta ahora al problema de la inmigración en nuestra ciudad... En definitiva, antes de coger papel y lápiz para enderezar el Código Penal, hace falta un duro trabajo previo que nuestros legisladores hasta ahora no han demostrado haber hecho.
